Con la Constitución Política de 1991, Colombia redelimitó sus estándares constitucionales, incluyendo la participación ciudadana, el desarrollo social y la multiculturalidad como principios fundamentales. Esto transformó el sistema político, dando un papel clave a la ciudadanía, regiones y minorías en la gestión colectiva. La consulta previa es un derecho colectivo exclusivo de los grupos étnicos, que garantiza su participación en decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarles. Es un proceso participativo e intercultural orientado a obtener el consentimiento de las comunidades, identificando anticipadamente impactos o daños probables a su integridad cultural. Busca evitar, mitigar o compensar estos efectos, incluyendo la participación social en el diseño final de proyectos, lo que implica ajustes técnicos y financieros para respetar los derechos étnicos.
